MARISA SOLETO HABLA CLARO, ¿LO HARA ALGUIEN MAS?

Ojala pudiéramos hablar de que la Ley Integral contra la violencia de género ha fracasado. Y lo digo porque esto significaría que las medidas previstas en la Ley, todas ellas, estarían siendo aplicadas adecuadamente por parte de la totalidad de operadores comprometidos en su desarrollo.

Lo cierto es que no tenemos siquiera la oportunidad de poder emitir esta opinión, porque la ejecución de la Ley está enfrentándose a considerables obstáculos, algunos directamente relacionados con los recursos puestos a disposición, pero otros relativos a la falta de confianza social de una Ley que, por más que gozó del apoyo político más amplio posible en el legislativo, no ha dejado de recibir las más agrias críticas desde el mismo día de su aprobación.

La Ley integral contra la violencia de género es el mejor instrumento que tenemos para poder luchar contra el terrorismo de género. Pero la Ley, sin el apoyo y conciencia social necesaria para una adecuada aplicación de las medidas que contiene no va a producir nunca los resultados que estamos esperando.

Las organizaciones de mujeres hemos hablado, en esta ocasión, del boicot judicial y se nos ha contestado que no es una posición responsable culpar a los jueces de las muertes violentas. Tienen razón. Los responsables de los asesinatos de estas mujeres tienen nombres y apellidos y ninguno de estos últimos cuatro, que se sepa, tiene nada que ver con la carrera judicial. Pero basta hablar con las compañeras que van a los juzgados para darse cuenta de que, sea por lo que sea, la aplicación de las medidas judiciales deja mucho que desear y que, existe una falta de crédito evidentemente manifestada por parte de señalados representantes del Poder Judicial sobre la eficacia de esta Ley.

Baste como ejemplo decir que el BOE publicó la admisión a trámite de un total de 19 nuevas cuestiones de inconstitucionalidad de la Ley sólo en este mes de febrero. Cuestiones que han dejado en suspenso la sentencia de seguramente un número considerable de procesos y que han sido planteadas por jueces de Toledo, Valencia, Albacete, Valladolid, Murcia…. Llevamos así desde hace tres años. Hagan sus cuentas sobre el número de procesos que están a la espera de que se resuelvan las dudas de sus juzgadores, y díganme si podemos decir que los jueces y juezas de este país tienen confianza en esta Ley, a pesar del unánime respaldo del legislativo. ¿O será por eso?

¿Podría el tribunal constitucional terminar con este goteo, resolviendo de una vez sobre la constitucionalidad o no de la redacción de los artículos 153 y 171 del Código Penal dada por la Ley Integral contra la violencia de género?

Seguramente esta tampoco es la causa. Posiblemente no se trata de una actuación generalizada pero unos pocos están haciendo mucho daño, porque no sólo hablamos de los recursos de inconstitucionalidad. Podríamos añadir el hecho de que no se suspenden los regimenes de visitas a los hijos de maltratadores condenados en sentencia firme tal y como recomienda la Ley. También la trampa de técnica jurídica que ha supuesto la aplicación del art. 416 de la LECr a los juicios por violencia de género; los 15 metros en los que se concretó una orden de alejamiento de una mujer extremeña, por poner un ejemplo; el continuado machaque sobre las denuncias falsas que falsamente se nos sirve desde señalados representantes de la judicatura, la abogacía o la sociología y que está provocando un curioso fenómeno de imputación como agresoras de las mujeres denunciantes; la falta de pericia técnica de muchos operadores jurídicos para hacer una adecuada valoración del riesgo y un sin fin de cuestiones más. ¿Podríamos empezar por algún sitio? Por favor, aunque solo sea para poder afirmar que la Ley ha fracasado por si misma, sin la cooperación necesaria de quienes trabajan a favor del cumplimiento de una autoprofecía.