El Consejo General del Poder Judicial ha promulgado una moratoria en función de la descoordinación entre juzgados y fiscalía, la policía y las comunidades autónomas para la puesta en servicio de los juzgados de guardia de Violencia de Género

El Consejo General del Poder Judicial ha promulgado una moratoria en función de la descoordinación entre juzgados y fiscalía, la policía y las comunidades autónomas para la puesta en servicio de los juzgados de guardia de Violencia de Género, en aplicación al título V, que comprende la tutela judicial, a través de la cual se establece la creación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, con competencia en el orden penal y civil, aunque, según el Observatorio de Violencia Doméstica, dependiente del CGPJ, «porque aún no tienen fijada la plantilla ni las retribuciones de los jueces».

Estos juzgados están creados desde el pasado mes de julio con el fin de contribuir a agilizar el colapso judicial que existe en las principales ciudades, en un intento de dar una respuesta especializada más rápida y que la víctima pueda ser atendida desde el primer momento, aunque, a juzgar por estas situaciones de demora, de falta de interés de establecer los presupuestos necesarios para combatir el terrorismo contra las mujeres por parte de los jueces y el Estado, abogamos por una pronta puesta en funcionamiento dentro de los plazos establecidos.

A los cuatro años de la Ley de Violencia 1/2004 de 28 de diciembre, la demora en la atención a las víctimas origina situaciones en que un maltratador con una o varias órdenes de alejamiento circule libremente en las cercanías de la mujer e, incluso, que la amenace repetidamente en la calle o en el portal de su casa, sin consecuencia ninguna ante la ley, pudiendo provocar violentos ataques a la mujer y que puedan derivar en asesinato.

Estamos ante un grave problema en nuestra sociedad, con 255 mujeres asesinadas, desde la puesta en vigor de la ley, a manos de sus parejas masculinas, y los cálculos establecen unos 2.000.000 de mujeres maltratadas sistemáticamente por su marido o pareja sentimental. Resulta indignante observar que después de casi cuatro años no se hayan conseguido reducir las muertes ni las agresiones contra el género femenino, sino que ha despertado una virulenta reacción, procedente incluso de los poderes públicos, contra el intento de protección que legislativamente trata de otorgarse a las mujeres, aunque -huelga decir- de una forma convenientemente sesgada.

La discusión no sólo social, sino también judicial y política, no ha versado acerca de los medios de garantizar una correcta aplicación y efectividad de las medidas que en ella se aprueban para proteger a las mujeres, sino en criticar dicha protección, asegurando que la norma discrimina a los hombres, pretendiendo que existe igualdad entre los sexos en cuanto a ser víctimas de violencia, a pesar de que las cifras hablan por sí solas respecto a las agresiones y las muertes como consecuencia de la violencia machista.

La ley prevé la creación de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, pero no se determinan los medios económicos con los que se cuenta para llevar a cabo el proyecto. Las terapias psicológicas creadas para las mujeres son pocas, están atendidas por personal no especializado y se les concede durante un tiempo mínimo. Añadir que, además, no se dispone apenas de fondos encaminados a la reinserción laboral de las maltratadas.