LOS HIJOS COMO SEÑUELO, DE CÓMO LA JUSTICIA NO SOLO CONSIENTE SI NO QUE INDUCE AL MALTRATO

Sara (nombre supuesto) recibió 14 puñaladas de su ex marido cuando entraba en el ascensor. El presunto -no ha sido juzgado todavía- ingresó en prisión. A ella aún le cicatrizaban las heridas cuando tuvo que acudir al juzgado. El abogado de su ex pareja había solicitado régimen de visitas para ver a su hija de ocho años. La pretensión pasaba porque Sara llevara a la niña a la cárcel para comunicar con quien estuvo a punto de matarla. La juez lo denegó, no sin antes reconvenirla sobre la idoneidad de que padre e hija mantuvieran contacto; con apoyo de la fiscal.
Maltratadas o con la muerte pisándoles los talones -como Sara, como Sylvina Bassani, asesinada el jueves por su ex marido en Alovera-, pero madres «cumplidoras». Madres obligadas a regímenes de visitas de sus hijos; niños utilizados por el acosador como instrumento para llegar a su víctima. Merodeos en las aceras, llamadas, mensajes. Terror sin paliativos y decisiones judiciales facultativas.
Contradicción del sistema
Sylvina y su hijo, de cuatro años, tenían una orden de protección en vigor desde septiembre de 2006, con medidas de alejamiento y suspensión del régimen de visitas. A raíz de la sentencia de divorcio en marzo del año pasado, la juez fija las visitas del padre en un punto de encuentro familiar. Una orden de protección y una orden de visitas, en paralelo. «Es una contradicción que raya la prevaricación -argumenta una juez de Madrid especializada en violencia de género- porque la medida afectaba también al menor, no sólo a la madre, según ha explicado el abogado».
La ley integral contra la violencia de género vuelve a supurar. El artículo 66 reza: «El juez podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género a sus descendientes». Contradicciones del sistema. Se establece un procedimiento único penal y civil en violencia de género para evitar disfunciones pero se deja una puerta abierta: la interpretación del juez o del fiscal. La puerta por la que esta vez se le ha ido la vida a Sylvina.
En su caso se resolvió antes el divorcio que el procedimiento penal por malos tratos y prevaleció el derecho del padre y del menor a verse sobre la protección pedida a gritos por Sylvina y acordada por la Justicia al apreciar «indicios suficientes de delito y riesgo objetivo».
«Esta tragedia se podría haber evitado. Aún no sabemos cuáles han sido los fallos concretos, pero se detecta una falta de control. Para empezar no debería haber dos abogados. La ley habla de un único juez y un único letrado», sostiene la citada magistrada. «Este caso desgraciado nos pone de manifiesto los agujeros, la falta de rigor y de conocimientos profesionales, el colapso judicial que tenemos. Esa juez -el número 5 de Torrejón de Ardoz, uno de los llamados compatibles- lleva violencia de género, arrendamientos, desahucio, juicios de faltas, instrucción... No la disculpo; pero es una locura».
Locura es todo lo que rodea el caso de Alovera: la instrucción penal se dilató casi un año (la ley habla de dos meses); la Fiscalía está pendiente de calificar desde septiembre; la juez no atendió las comparecencias de prisión solicitadas por el abogado; algún funcionario estuvo de baja sin ser sustituido; el informe desfavorable del punto de encuentro sobre las visitas de padre e hijo duerme en un cajón; otro informe psicosocial para el proceso civil cuestiona que Sylvina sufriera maltrato. Las películas judiciales últimamente suenan a guiones repetidos, atiborrados de segundones.
Pero este caso además ha sacado a relucir los leoninos regímenes de visitas impuestos a veces, en atención al supuesto bienestar del menor, aunque el niño patalee, sufra, se aterrorice o deteste al progenitor. Gonzalo Arroyo, abogado con una dilatada trayectoria en malos tratos da fe del día a día: «Es frecuentísimo que se dicten órdenes de alejamiento para la mujer y a la vez se fije un régimen de visitas para el menor. Debería ser incompatible, pero es habitual. El punto de encuentro equivale a dar una oportunidad más al agresor para situar a su víctima».
Hace un año una mujer madrileña, M.M.A., cuyo ex marido tenía orden de alejamiento por malos tratos, denunciaba que la juez había establecido como punto de encuentro para su hija uno situado justo enfrente de la casa del agresor. La víctima, en tratamiento psiquiátrico y de baja, pidió que le cambiaran el lugar de la cita o bien le concedieran protección policial para llevar a la niña de 13 años, que rechazaba al padre.
Paloma Acebrón perdió a dos de sus hijos, de seis y nueve años, la Navidad de 2006 durante un régimen de visitas con su padre. Los tres se mataron en un accidente. La mujer tenía concedida una orden de alejamiento, dos juicios pendientes con su ex marido por malos tratos y una solicitud a la juez, no atendida, para que modificara el régimen de visitas de sus niños. El abogado de su ex al pedirle un punto de encuentro habló de un restaurante chino.
Informes por montera
Un juez de Sevilla retiró durante dos meses la custodia de un niño de siete años a su madre acusándola de destruir los vínculos paternos. Un informe psicosocial del Juzgado consideró al progenitor un maltratador, pero el magistrado tuvo en cuenta otros dos estudios aportados por peritos del padre.
El caso de María Quintana es de libro. Ex de un ex policía maltratador, escondida en casas de acogida durante años, con protección policial desde 1999, su hija se ha pasado de los cinco a los once años llorando cada vez que un juez la obligaba a ver a su progenitor. Hubo un tiempo que madre e hija tenían que recorrer 500 km de Huelva a Salamanca para acudir a un punto de encuentro, con dos policías y un educador. La pequeña no se bajaba del coche y acababa en urgencias. Después de una década pleiteando, un juez ha dicho que ya está bien. Que padre no hay más que uno, pero a veces es mejor no tenerlo

FUENTE: ABC

Sin Palabras. Que sigan haciendo caso omiso a las madres y mujeres que hablan por sus hijos e hijas y que son las que los defienden.