Menos protestar y más atención.

Las asociaciones de jueces, incluso antes de que lo hiciera el Partido Popular, han puesto el grito en el cielo contra la modificación del Código Penal que contempla la retirada de la custodia de los hijos a quienes están imputados en un proceso penal por violencia de género.

Consideran que son ellos, y nada más que ellos, los que deben decidir a quien se otorga la custodia, y que el simple hecho de estar imputado no es suficiente. Nada han dicho sin embargo, ni una sola palabra, sobre los casos en que, tras cumplir condena por el asesinato de su pareja, el asesino iba a heredar los bienes de su víctima.

La judicatura que, mal que les pese, forma parte de la sociedad civil, también tiene la obligación de denunciar no solo aquello que perturba sus competencias sino también las flagrantes tropelías que contemplan en el desempeño de su función. El que un asesino se quedase con los bienes de la asesinada es, sin duda, una felonía legal que nadie parecía haber visto ni tenido en cuenta. Hay voces que han llegado a afirmar que se penaliza al hombre por el mero hecho de serlo, o que ser mal marido no significa ser mal padre.

El PP -como no podía ser de otra manera- ya se ha sumado a la protesta, a pesar de que el vicepresidente Rubalcaba, en su función de Portavoz del Gobierno, intentó el viernes calmar la polémica desatada por este cambio legal, aclarando posibles malentendidos.

Porque, curiosamente, la modificación afecta solo a la custodia individual. Desde julio de 2005 la Ley en vigor excluye al imputado por maltrato, aunque no haya sido condenado en firme, de la custodia compartida. Se trataría pues de que no ocurra lo que ha sucedido en más de diez ocasiones en las que un hombre, con un proceso de maltrato en curso, reciba la custodia individual del juez tras el divorcio, al entender el magistrado que está en mejores condiciones económicas de atender a la prole. ¿Y las condiciones morales, y las éticas? ¿Cree de verdad el juez que un maltratador es una persona capaz de trasmitir valores a un menor?

Ese ámbito discrecional es el que la reforma quiere atajar. Lo más llamativo es que la Ley de 2005 no fue "contestada" ni por el PP ni por los jueces que la han estado aplicando con total normalidad sin apelar a la "presunción de inocencia".

Es, en cualquier caso, inexplicable que con sesenta y cuatro mujeres asesinadas a manos de sus parejas, un sector de la sociedad monte un escándalo por un tema menor, ya que la medida de perder la custodia individual será cautelar y revisable cuando se produzca la sentencia, y no dejen oír su voz, con mucha mayor rotundidad, ante un drama como el que se esconde detrás de la mal llamada violencia de genero.


Firmado: Victoria Lafora