UNA SENTENCIA ORDENA VOLVER A UNIR A DOS HERMANOS SEPARADOS POR UN JUEZ

La madre de un niño de 9 años lleva un año esperando a que la Justicia resuelva su petición para conseguir que el menor y su hermana de 14 años puedan volver a vivir juntos, ya que un auto judicial los separó otorgando la custodia del niño al padre y la de la chica a la madre. La mujer ha recurrido al Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón e incluso interpuso una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial. Aunque una sentencia del 17 de junio le dio la razón y ordenó volver a unir a los hermanos, todavía no se ha hecho efectiva. Los menores no se han visto desde julio de 2009. De hecho uno vive en Huesca y otro en Zaragoza.

Los hechos se remontan a principios de 2008, cuando los padres se divorciaron. El convenio regulador de medidas provisionales atribuía la custodia de los dos hijos a la madre, estableciendo un régimen de visitas para el padre. Pero el deterioro de la relación entre los progenitores -el padre denunció impedimentos en las visitas- llevó a una revisión. En julio de 2009, el juzgado número 2 de Huesca, al frente del cual había un juez sustituto, resolvió darle la custodia, lo que supuso la separación de los hermanos.

El padre alegó un síndrome de alienación parental -un hecho que posteriormente negaron los especialistas- y consiguió que la madre solo pudiera ver al menor en el Punto de Encuentro y bajo la supervisión de una psicóloga. Además él consiguió una pensión alimenticia de 300 euros para el niño, el doble de la que le correspondía pagar a él por la hija, cuando la diferencia de sueldo entre los padres no llegaba a 400 euros.

Denuncias contra el juez

Las sucesivas negativas del juez sustituto a atender las demandas de la madre la llevaron a recusarlo, aunque la Audiencia Provincial lo desestimó. También ha recurrido al Justicia de Aragón y al Defensor del Pueblo porque lleva desde octubre esperando a que se ponga fecha para el juicio de modificación de las medidas.

En los escritos presentados por su abogado, Ricardo Orús, se denuncia que el retraso contraviene el artículo 24 de la Constitución ("todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces") y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Una de las denuncias afirma que la demora "ataca a los derechos más fundamentales de ambos menores que por ello se ven privados de un juicio justo en el que poder exponer su propio criterio acerca de con quién desean vivir". La demora también se denunció ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial por una posible infracción disciplinaria. El CGPJ informó que remitía la documentación a la Comisión Disciplinaria.

El caso dio un giro cuando la titular del juzgado número 2 de Huesca se reincorporó a su puesto. Desde entonces, señala un escrito del letrado, "ha venido dictando resoluciones concediendo todas aquellas peticiones que el juez sustituto había denegado", como el señalamiento de la vista oral y la realización de un informe psicológico por parte del Instituto de Medicina Legal.

La magistrada aceleró la fecha de la vista, que se celebró a principios de junio. El Ministerio Fiscal pidió que se atribuya la guardia y custodia de los dos hijos a la madre. Por su parte, todos los peritos estimaban perjudicial la separación de los hermanos. La psicóloga del Instituto de Medicina Legal informó que era "urgente" terminar con esta situación, que causaba mucho sufrimiento a los menores y era traumático para el niño. Descartaban además que hubiera alienación parental.

La magistrada dictó sentencia el 17 de junio y estimó que lo más beneficioso era que volvieran a vivir juntos con la madre. Pero pasado un mes la sentencia, que ha sido recurrida por la otra parte, no se ha hecho efectiva y los hermanos siguen separados. En este tiempo, el sustituto ha vuelto a hacerse cargo del juzgado para cubrir un permiso de la titular.

El abogado de la madre pidió el 2 de julio la ejecución del fallo posibles daños psicológicos para el menor. También informó al Consejo General del Poder Judicial porque ahora, alegó, "el expedientado tendrá que resolver sobre los hechos que generaron la denuncia ante la Inspección" y pide que se le aparte con urgencia del caso.